El desfalco de dinero en campañas electorales es considerado un delito en muchos países, incluyendo Panamá, debido a que puede dañar la integridad y transparencia del proceso electoral y la democracia en general.
Cuando se desvía o se utiliza de manera ilícita el dinero destinado a financiar las campañas electorales, se pueden generar desequilibrios en la competencia política y afectar la libre elección de los ciudadanos. Además, el uso ilegal de los fondos puede estar vinculado a actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados.
En Panamá, la Ley Electoral establece límites y requisitos para la financiación de las campañas electorales, así como sanciones para aquellos que violen estas disposiciones. La Contraloría General de la República y el Tribunal Electoral son los organismos encargados de fiscalizar y supervisar el uso de los recursos económicos en las campañas políticas, y de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectar irregularidades.
En resumen, el desfalco de dinero en campañas electorales es considerado un delito debido a que puede dañar la integridad y transparencia del proceso electoral y la democracia en general. En Panamá, existen disposiciones legales y organismos encargados de fiscalizar y sancionar este tipo de conductas.